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Investigan corrupciòn en campaña del presidente colombiano Juan Manuel Santos

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se declaró el miércoles dispuesto a solicitar que se levante la prescripción de las cuentas de su campaña electoral del 2010 para facilitar una investigación después de que admitió la financiación ilegal de la misma por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

El reconocimiento del presidente, que desató un escándalo político, se produjo después de que el gerente de su campaña en el 2010 confesó que Odebrecht habría pagado 400.000 dólares a una empresa colombiana para imprimir dos millones de afiches de Santos, sin que haya habido registros contables de la operación.

La legislación colombiana prohíbe la financiación de campañas proselitistas por parte de empresas extranjeras. El Consejo Nacional Electoral también investiga el ingreso en el 2014 de recursos económicos a las campañas políticas de Santos y del candidato opositor Óscar Iván Zuluaga.

“Le he pedido al ministro del Interior que le pregunte al Consejo Nacional Electoral si la campaña del 2010, todas las cuentas ya están caducas, y si se puede levantar esa caducidad”, dijo el mandatario en un acto de gobierno.

Santos explicó que pidió al ministro, Juan Fernando Cristo, hacer la consulta “para que todo quede aclarado a la mayor brevedad posible.

La Fiscalía de Colombia también investiga el pago de millonarios sobornos que hizo Odebrecht a políticos para que la favorecieran en la adjudicación de un contrato para la construcción de una autopista.

Un congresista está siendo investigado en Colombia por los sobornos de Odebrecht, que ya mandaron a la cárcel a un ex viceministro, un ex senador y un contratista particular. El país sudamericano afrontó una crisis política a mediados de la década de 1990, cuando se denunció la financiación de la campaña del entonces presidente Ernesto Samper con dinero del Cartel de Cali.

En caso de que el Consejo Electoral encuentre pruebas contra las campañas de Santos o de Zuluaga en el 2014, podría hasta anular la inscripción de los partidos que los apoyaron, lo que en la práctica les impediría presentar candidatos para las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.

 

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